Actualidad

Noticias y novedades destacadas del Sector

DEL CÓMPUTO DE LA CADUCIDAD EN LAS ACCIONES DE DESPIDOS


Junio, 2017


Recientemente he tenido ocasión de leer un artículo de nuestro colega de profesión Ignasi Beltrán, comentando una reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de octubre 2016 (rec. 3754/2015), en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre el delicado tema del cómputo del plazo de caducidad de la acción de despido.

No puedo dejar de trasladar mi sorpresa ante la nueva interpretación que se sienta sobre la aplicación de los artículos 65.1 LRJS y 59.3 ET, dado los principios pro actione y pro operario que intensamente impregnan la interpretación de las normas en el ámbito laboral.

Hasta ahora, y en la interpretación que se veía dando de esos artículos por los Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Social, la interposición de la papeleta de conciliación dentro de ese plazo de 20 días señalado por la ley, blindaba al trabajador, que solo veía reanudado el plazo de caducidad una vez celebrada la conciliación administrativa.

Esta sentencia del Tribunal Supremo, indica que, a la luz del artículo 65.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la interpretación ha de ser otra, y una vez transcurridos 15 días desde la presentación de la papeleta de conciliación, debe entenderse reanudado el plazo de prescripción “ope legis”, sin que quepa esperar a la definitiva celebración del acto de conciliación que pueda haberse señalado en fecha posterior, cosa que frecuentemente sucede en demarcaciones en la que los servicios de mediación están intensamente sobrecargados.

El artículo 65.1 de la LJS indica que “La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado.” Cabría, a mi juicio, que el Tribunal Supremo hubiese realizado una interpretación pro operario y pro actione que permitiese optar al trabajador, dado que los dos plazos señalados por la ley están dados de forma disyuntiva sin dar preferencia a ninguno de ellos, por aquél que más le favoreciese.

Por otro lado, si quiere darse una verdadera oportunidad a la conciliación extrajudicial, la interpretación del Tribunal Supremo no refuerza el papel de ésta, y aboca a un incremento de la carga de trabajo de los Tribunales que verán cómo se multiplican las demandas de despido interpuestas a prevención, cuando se demore el señalamiento de los actos de conciliación extrajudiciales.

Fdo. : María Teresa García Ínsua
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Vigo